El candidato a Defensor del Pueblo de Vicente López, Dr. Enzo David Pomi, calificó las medidas tomadas por la compañía norteamericana Kraft Foods (Ex Terrabusi) como "un intento de cercenar los derechos laborales de los trabajadores activos y su estabilidad representativa gremial". Además, manifestó que la declaración realizada por Jorge Zorreguieta (Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) "contradice los principios constitucionales establecidos, y promueve una política que amedrenta al trabajador con arbitrareidad laboral y coacción física."Pomi expresa que "el conflicto laboral de Kraft Terrabusi, solo podrá ser solucionado si Dr. Cuartango (Ministro de Trabajo bonaerense) interviene como agente intermediario. El Estado decretó la conciliación empresarial obligatoria y la multinacional implementa métodos coercivos para reincorporar al personal despedido, impidiendo el pleno vigor de los derechos laborales a condiciones de trabajo digno y equitativo, protección contra el despido arbitrario y las garantías de estabilidad para el representante gremial". En cuanto a la multinacional en sí, el Dr. Pomi denunció que "la multinacional norteamericana recurre a mano de obra depreciada y esto se hace visible en la Ciudad de Chicago, donde Kraft Foods asentó tres fábricas donde labran en su mayoría, inmigrantes americanos indocumentados, trabajando en condiciones deplorables y con renumeraciones vergonzosas".
Ulteriormente, el politólogo vicentelopense expresó su solidaridad con los trabajadores de Kraft Foods - Terrabusi y demostró su claro repudio a las medidas tomadas por el sector patronal, comparándolo con el caso de los trabajadores despedidos en FP Impresora, donde a 17 trabajadores se les negó el derecho a la organización sindical libre y democrática mediante despidos arbitrarios y sin causa justa. "Los trabajadores haciendo uso de sus derechos legítimos; reclaman la reincorporación de sus pares y recurren al arbitraje estatal para la conciliación de las partes."
Finalmente, el Dr. Pomi manifestó que "el Estado tiene la obligación de aplicar el principio jurídico "in dubio pro operario", ya que estamos hablando de la integridad y estabilidad económica de más de 160 familias que solo ejercen sus derechos civiles, sociales y económicos. Quienes deberían estar perjudicados son las empresas que hacen caso omiso de lo articulado en las leyes, lo cual debe interpretarse como un atropello al sistema republicano y democrático".
