En el Día Mundial del Ambiente, que se celebra hoy la candidata a Presidente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes anunciaron la presentación de un proyecto de ley para tipificar y penar como delitos las acciones y obras, de particulares y funcionarios públicos, que atenten contra el ambiente y los recursos naturales.
“En nuestro país la cuestión ambiental se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. A pesar de la legislación vigente, no se cumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales, como el caso de la Ley de Bosques Nativos, o se subejecutan las partidas presupuestarias, como ocurre con el saneamiento del Riachuelo y con un área metropolitana convertida en una de las zonas más contaminadas del planeta”, sostuvieron Carrió y Reyes, que integra la Comisión de Minería de la Nación y durante su gestión presentó varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
Carrió y Reyes presentarán el lunes próximo un proyecto de ley que incorpora un Capitulo Ambiental al Código Penal, donde el bien jurídico protegido es la naturaleza. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes.
“El lobby minero y el gobernador José Luis Gioja no permiten la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares que se sancionó el año pasado. Gioja, junto con el gobierno nacional, que se autodenomina progresista, mantiene y promueve el modelo de entrega y saqueo de los recursos naturales”, sostuvo Reyes, que fue una de las principales impulsoras de la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial.
“Cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de los sectores más desprotegidos de nuestro país. Debemos repensar la idea de desarrollo. La protección ambiental y de los recursos naturales debe ser una política de Estado. Las actividades contaminantes avanzan sin control, violando derechos humanos básicos y dejando a los sectores más vulnerables desamparados, sin protección del Estado y perseguidos, si lo denuncian públicamente.”, concluyeron.
